Protección judicial y registral de la legítima catalana según la Dirección General de los Registros y del Notariado

Protección judicial y registral de la legítima catalana según la Dirección General de los Registros y del Notariado

La dirección letrada del recurso que ha motivado la resolución de la DGRN ha sido asumida por el abogado Joan Muntada Artiles, de nuestro despacho Joan Muntada Artiles Abogados.

La resolución de 24 de enero de 2020 de la Dirección General de los Registros y del Notariado  (actualmente denominada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) resuelve sobre la protección registral del derecho de crédito legitimario de Cataluña, en concreto, sobre la prioridad registral del embargo ejecutivo cuando existe la medida cautelar judicial de anotación preventiva de demanda.

Se trata de una resolución pionera, al no existir pronunciamiento registral de la Dirección General en la materia planteada, en términos de la prioridad registral de la medida de ejecución, de embargo, vigente la medida cautelar de anotación de demanda, a pesar de que al menos hace 60 años que esta medida cautelar forma parte del ordenamiento jurídico catalán.

La configuración actual del derecho a la legítima catalana es la de un derecho de crédito puro, el pago del cual se puede realizar con dinero hereditario o extrahereditarios, o con bienes hereditarios.

La resolución de la Dirección General tiene el acierto de vigorizar al embargo la prioridad registral de la medida de anotación de la demanda adoptada judicialmente y anotada en el Registro de la Propiedad, confiriendo a la anotación de embargo ejecutivo la prioridad propia de la anotación de la demanda, adoptada como medida cautelar judicial,  y que la calificación registral  recurrida del Registro de la Propiedad nº 3 de Girona denegaba. Igualmente la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado asume que la medida cautelar de anotación de demanda cuando protege el derecho crediticio legitimario catalán, “considerando que se trata de una medida encajable en el apartado 10 del artículo 42 de la Ley hipotecaria”, el cual considera legitimada para solicitar la anotación la persona que “en cualquier otro caso tuviera derecho a exigir anotación preventiva conforme a aquello dispuesto  en esta o en otra ley”, es decir, se trata de una anotación no prevista en ninguno de los números 1 a 9 del mismo artículo, que son los que contemplan las anotaciones más típicas  y de regulación más acabada; en este caso, la ley especial que, por remisión del mencionado número 10, por permite la anotación es la Ley 10/2008, de 10 de julio, que aprueba el libre cuarto del Codo civil catalán, relativo a las sucesiones, que la contempla en su artículo 451-15.2.

Es, de hecho, como decíamos, la primera resolución de la Dirección General que decide sobre la medida de anotación de la demanda del derecho de crédito de la legítima catalana. Hasta la presente fecha, las resoluciones catalanas de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas no habían resuelto la cuestión porque en las medidas judiciales de ejecución infringían el principio de legitimación registral, y la Dirección General de los Registros y del Notariado, únicamente lo había tratado de forma incidental por relación a otros temas planteados que tenía que resolver. Y en ningún caso dichas resoluciones articulaban el cambio de fase judicial de la medida cautelar a la ejecutiva y ni se pronunciaban sobre la prioridad registral.

La medida cautelar de anotación preventiva de demanda de protección de la legítima catalana, tiene decenios de existencia. La legítima catalana es una institución del derecho sucesorio que ha evolucionado, cambiado, influido por el criterio social del momento, conformado por múltiples factores, como se exponía en el recurso interpuesto y que recoge la resolución.

Quizás, será necesario más allá de destacar la imprevisión normativa en la materia, en especial de la Ley Hipotecaria, regular la figura de la conversión de las medidas cautelares en términos más amplios, y, en concreto, de la anotación de demanda cuando protege un derecho de crédito o las anotaciones registrales de afección – las que garantizan un derecho de crédito tributario o urbanístico, por ejemplo –  a medidas de ejecución. Las afecciones fiscales, las afecciones urbanísticas y las  anotaciones de demanda que protegen derechos de crédito tendrían que tener una cobertura prevista normativamente para el supuesto de impago del crédito garantizado, de forma que la ley garantizara:

  1. a) o bien que se convirtiera la afección o anotación, automáticamente, ex lege, en anotación de embargo ejecutivo;
  2. b) o bien que hubiera una regla general exprés de comunicación de la prioridad registral de la medida cautelar judicial, d¡’origen, a la medida ejecutiva.”

De una atenta lectura de la resolución se concluye que la prioridad registral también se produce en los embargos derivados de créditos protegidos por las afecciones registrales anotadas, como las antes expresadas, si el embargo ejecutivo se produce vigente la afección cautelar y consta su anotación registral.

Quién ha redactado el recurso que resuelve la resolución que adjunto ha sido el abogado que suscribe la presente nota que asume la dirección letrada del asunto litigioso. La resolución favorece los intereses de la recurrente a pesar de no acordar la conversión– en conferir la prioridad registral a la medida de ejecución, el embargo, de la medida cautelar, de la anotación de la demanda, que era el objeto principal o interés básico del recurso gubernativo. Así, pretendíamos una resolución definitiva por integración de normas, de las registrales de materia procesal civil subordinadas a las procesales civiles de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cualquier caso, entendemos que los recursos son una vía adecuada para posar en evidencia los vacíos normativos, con ocasión del caso concreto que necesariamente tiene que ser resuelto.

Esta imprevisión normativa registral, por sí misma, no necesita de una reforma completa de la Ley Hipotecaria, pero si la abrogación de una regla registral, dado que no se puede mantener actualmente con solvencia y con carácter universal que toda conversión de medidas cautelares registrales tiene que determinar indefectiblemente un asentamiento definitivo de inscripción o al menos, sino es a través de la conversión, se tendrá que regular como acontece y se configura la transferencia o mantenimiento de la prioridad registral del derecho objeto de la garantía cautelar a la fase ejecutiva manteniendo la prioridad registral propia de la anotación de la medida cautelar. No existe actualmente norma al respeto y el fenómeno explicitado tiene que tener solución y dicción normativa.

Es imprescindible un buen asesoramiento por parte del abogado, contacte con nosotros. Joan Muntada Artiles Advocats